lunes, 14 de marzo de 2016

Los derechos perdidos de los trabajadores (II)

Guayadeque Digital / www.guayadequedigital.es
OPINIÓN
Carlos Gustavo Rivero Quintana (*)
La liberalización o flexibilización del trabajo (y su contratación) para aumentar la competitividad, uno de los fines de la última reforma laboral según el Gobierno que sustentaba el PP, no ha conseguido sus objetivos en buena parte de la población ni de los agentes sociales (la mayoría de los sindicatos y de la Patronal). Aunque en el caso de los agentes sociales, las medidas a llevar a cabo con la reforma laboral son totalmente opuestas.

En ocasiones trascienden noticias en los medios de comunicación, por decisiones de los tribunales de justicia y políticas, que dejan un hilo de esperanza a buena parte de los trabajadores que en nuestro país han perdido o han visto modificadas sus condiciones laborales (y menguados sus salarios). Me refiero a una noticia publicada en un medio de comunicación (eldiario.es) bajo el titulo: "La justicia avala las cláusulas sociales que el Ayuntamiento de Madrid exige en los contratos públicos".

En el antes mencionado artículo se relata cómo las cláusulas sociales que el Ayuntamiento de Madrid exige a las empresas que quieran optar a contratos públicos no vulneran la ley ni obligan a las empresas a cambiar sus condiciones de trabajo. Así lo ha establecido el Tribunal Administrativo de Contratación Pública la Comunidad de Madrid, que avala de esta manera que el Consistorio premie en las licitaciones a aquellas empresas con mejores condiciones de trabajo para sus empleados (la administración premia a quien, por ejemplo, pague mayores salarios, dé una formación continua a sus trabajadores o les facilite la conciliación con la vida personal. Queda a merced de la empresa ahondar en estos puntos o no).

Esta noticia revela que en el caso de una administración pública, el Ayuntamiento de Madrid, gobernada por Ahora Madrid (partido instrumental compuesto por diversas formaciones, y apoyado por Podemos), que deja al descubierto que se prima a las empresas que mejores condiciones laborales tengan con sus trabajadores, sobre el factor estrictamente económico. De igual modo sienta precedente jurídico. 

La cuestión ahora es, ¿se extenderá al resto de administraciones públicas? En Canarias parece complicado, y más cuando saltan a la palestra noticias que dejan al descubierto acusaciones muy serias sobre la transparencia y sobre la teoría de las contrataciones a dedo por parte de la Comunidad Autónoma Canaria, y que se recogen en los medios de comunicación. En este caso, la portavoz de Ciudadanos en Canarias, Melisa Rodríguez, instaba en el mes de febrero de este año, al Gobierno de Canarias a "acabar con el oscurantismo y a tomar las medidas necesarias para poner fin a los contratos "a dedo"".

En dichas declaraciones, se afirmaba que el Ejecutivo canario ha efectuado en dos años casi 300 contratos por valor de más de 65 millones de euros (casi 11.000 millones de las antiguas pesetas), utilizando este tipo de procedimiento. Afirmaba la misma portavoz que ese procedimiento estaba reservado a casos excepcionales por urgencia o por interés público.Instaba al Gobierno que publique todos los contratos emitidos para que así "los ciudadanos puedan saber que se está haciendo con su dinero", y que "Era hora de hacer otro tipo de política, que deje atrás los amiguismos, y que dé transparencia a cualquier acción que se haga desde la institución pública".

Dudo mucho que el actual gobierno de Canarias haga caso (el mismo que el de la anterior legislatura: CC-PSOE), a las demandas de C´s y a las medidas tomadas en las contrataciones del Ayuntamiento de Madrid. Ojalá me equivoque y realmente se produzca un CAMBIO en las formas de hacer política en nuestra Comunidad Autónoma, porque supondría una mejora en la percepción que la ciudadanía tiene de sus instituciones y reduciría la opacidad con la que en demasiadas ocasiones se actúa en las administraciones canarias, que no debería ser otro que la defensa del interés general de la ciudadanía.

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