domingo, 24 de julio de 2016

Mejoras laborales en lo público o cantos de sirena

Guayadeque Digital / www.guayadequedigital.es
OPINIÓN
Carlos G. Rivero Quintana (*)
Grata y esperanzadora es leer noticias que, de consumarse, recogen el cumplimiento de compromisos electorales planteados con la ciudadanía, y en particular con sus votantes, de formaciones políticas que tras entrar a gobernar en las administraciones públicas, no les entra la conveniente amnesia ó los argumentos pueriles para incumplir los contratos que se establecen con la ciudadanía (los programas electorales).

La noticia a la que me refiero, fue anunciada a principios del mes de julio por el Sr. Jacinto Ortega (Concejal de Cohesión Social y Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria) del partido político abierto Las Palmas de Gran Canaria Puede (en la cual confluían, en la misma plancha electoral, diferentes formaciones políticas), donde se establecía la condición, entre otras consideraciones relevantes, que en la adjudicación de los concursos públicos municipales deberán cumplirse criterios sociales, redundando en la idea en que se mejorará así la eficacia de los dispositivos gubernamentales para el empleo y las políticas sociales.

La noticia no deja de ser alentadora, de forma muy especial en los tiempos que corren, donde implementar medidas que permitan el cumplimiento riguroso de los pliegos de condiciones en dichas contrataciones públicas, como mejorar la calidad del empleo en el sector público, es algo que las clases trabajadoras esperan cuando existe una precarización del trabajo por parte del gobierno de la nación con sus políticas laborales y por una parte del sector empresarial que ha visto como esta crisis le ha permitido rebajar cargas laborales (despidos, modificaciones en los convenios, etc), y empeorar las condiciones de los trabajadores gracias a la necesidad de trabajo existente.

La percepción de la ciudadanía (avalada por sentencias judiciales), suscribe la idea de que hay trato de favor para determinadas empresas/empresarios, afines al gobierno en diversas administraciones públicas, a la hora de la adjudicación de contratos públicos. La simple idea es deleznable y debe ser combatida con todas las herramientas del estado de derecho, si es menester realizando incluso los cambios normativos que sean necesarios para castigar con mayor contundencia que la actual legislación establece, en aras que estas tramas ilícitas sean erradicadas y no supongan, en tantas y tantas ocasiones, un descalabro en las arcas públicas, y por extensión, al bolsillo de la ciudadanía.

Tímidos y tibios han sido los movimientos en la mejora de las condiciones de trabajo sobre este tema en algunas administraciones canarias, y así por ejemplo: en mayo de 2016 el Gobierno de Canarias anunciaba la elaboración de las cláusulas sociales (incorporando mejoras laborales, ambientales y sociales en sus códigos deontológicos) que exigirá respetar a las empresas que contraten con la administración pública autonómica. 

Aún está por ver si las medidas anunciadas por unos y otros, y ese cambio de tendencia en el ámbito de la contratación pública, con la debida vigilancia del cumplimiento de las mismas, es una realidad o un simple titular en los medios de comunicación.  

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